Ambiente Sano y Derechos Bioculturales

Sentencia T-294 de 2014

Accionante: Comunidad Venado, perteneciente al pueblo Zenú

Accionado: Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge - CVS, Empresa de Servicios Públicos CORASEO S.A., El Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa y Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías.

mapa-294

¿Por qué es importante esta revisión?

Sustenta el derecho que tienen las comunidades a ser consultadas en proyectos que afecten sus territorios, además de exigir la certificación de no presencia de comunidades en éstos antes del desarrollo de algún proyecto.

También, reafirma y clarifica conceptos como la justicia ambiental, el derecho a un ambiente sano y sus recursos, y el derecho a la participación en materia ambiental.

¿Cómo se originó?

Los cabildos menores de Playas Blancas, Venado y Pijiguayal habitan un territorio ancestral que se sitúa en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, y pertenece a las comunidades del resguardo indígena de San Andrés de Sotavento.

Este resguardo hace parte de una extensión de 83 mil hectáreas que, en 1773, fue cedido por la Corona española a la Comunidad Indígena Zenú. Gran parte de este territorio se localiza en el departamento de Córdoba pero solamente 11.191 hectáreas se encuentran legalizadas. Por esta razón, se adelantan en la actualidad, gestiones para determinar qué áreas del resguardo colonial están en posesión de la comunidad.

En Ciénaga de Oro, más concretamente en la vereda Cantagallo, la empresa CORASEO S.A. E.S.P. pretendía desarrollar un proyecto de construcción y operación de un relleno sanitario regional. Así, luego de solucionar varias fallas técnicas en el proyecto, obtiene, la licencia ambiental para su desarrollo

En Ciénaga de Oro, más concretamente en la vereda Cantagallo, la empresa CORASEO S.A. E.S.P. pretendía desarrollar un proyecto de construcción y operación de un relleno sanitario regional. Así, luego de solucionar varias fallas técnicas en el proyecto, obtiene, la licencia ambiental para su desarrollo.

A raíz de esto, el Cacique del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, solicitó al Ministerio del Interior, la suspensión de las obras del relleno sanitario hasta que se realice un procedimiento de consulta previa con la comunidad indígena. El Ministerio indicó que la empresa CORASEO no había comunicado el inicio del proceso de consulta previa y que además, era su responsabilidad iniciar un procedimiento para determinar la existencia de comunidades indígenas, raciales y/o ROM en la zona.

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS y la empresa CORASEO S.A. impugnaron la decisión insistiendo en que la comunidad se encuentra a más de 3 km de distancia, por fuera del área de influencia del relleno sanitario. La Corte Suprema de Justicia revocó la decisión y expresó que lo procedente era acudir a la acción popular.

¿Qué derechos fundamentales se consideran vulnerados?

Los accionantes indican que, como consecuencia de los hechos anteriormente descritos, se les vulneraron derechos fundamentales a la consulta previa, la participación, la vida y la subsistencia como pueblos indígenas, la propiedad colectiva, a no ser desplazados, al debido proceso, al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación y al ambiente sano.

¿Qué dice la Sentencia T-294 de 2014?

Luego de la impugnación del fallo, la Corte Constitucional revisó la acción de tutela y, en mayo de 2014, ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, debía revisar los términos en que fue otorgada la licencia ambiental a este proyecto y visitar el lugar en el que se pretendía construir el relleno sanitario.

Además, la Corte sostuvo que los accionados desconocieron las exigencias de equidad en la distribución de cargas y beneficios ambientales y de participación, en cuanto a las decisiones relacionadas al sitio de localización, el trámite de licencia ambiental y el inicio de la construcción del relleno sanitario.

La Corte también concluyó que:

  • El proyecto deterioraría, aún más, a una población sin servicio de acueducto, puesto de salud, escuelas, ni demás obras de infraestructura que pudieran satisfacer sus necesidades básicas.

  • La licencia para este proyecto se otorgó sin que el Estudio de Impacto Ambiental suministrara elementos que ayudaran a identificar a la población local que soportaría los impactos derivados de su ejecución.

  • No hubo una valoración de los impactos sociales, ambientales y culturales, por lo que tampoco se diseñó un plan para la prevención, mitigación y compensación de éstos.

  • Se desconoció el derecho fundamental de acceso a agua potable de la población de la vereda Cantagallo, ya que no se estimó el daño al recurso hídrico que provocaría dicho proyecto.

Además, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS y CORASEO S.A vulneraron el derecho a la participación a la población asentada en el área de influencia del relleno sanitario, no existió una caracterización de las comunidades que habitan dicho territorio y no propiciaron espacios que permitieran a las comunidades, intervenir de manera efectiva y significativa en la evaluación de sus impactos y en el diseño de medidas de prevención, mitigación y compensación.

Por último, las entidades demandadas vulneraron el derecho al reconocimiento y subsistencia de estos pueblos indígenas, al negarse a reconocer y certificar su presencia en la zona y a efectuar la consulta previa al otorgamiento de la licencia ambiental y el inicio de la construcción del relleno sanitario de Cantagallo.

Por esto, a partir de esta decisión y de la visita posterior al territorio afectado, la ANLA revocó la licencia ambiental y le impuso a CORASEO S.A. reparar el daño provocado.

¿Qué conceptos son clave en la Sentencia T-294 de 2014?

Justicia Ambiental

Se trata de un escenario en el que las comunidades potencialmente afectadas pueden participar significativamente en las decisiones sobre una actividad propuesta que las afectará. Busca hacer un reparto equitativo de los costos y beneficios de proyectos de desarrollo económico en los que se debe consultar y considerar a los pueblos indígenas eventualmente afectados.

Derecho al ambiente sano

Es el derecho colectivo y fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y reparto equitativo de las cargas contaminantes. Es un derecho a relacionarse con el entorno que garantice otros derechos fundamentales como la salud, el acceso a agua potable, la intimidad personal y familiar, la libertad para elegir profesión u oficio, el derecho a permanecer y no ser desplazado del lugar de residencia, la propiedad, entre otros.

Derecho de participación en materia ambiental

Es el derecho que las comunidades tienen a participar en los asuntos ambientales, en especial, en aquellos que encierran peligro para la permanencia de las mismas. Las poblaciones indígenas, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del ambiente y en el desarrollo, debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deben reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses, además de hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.

Resumen en lenguas indígenas

Otras Decisiones